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¿Por qué insisten en debilitar el Control Fiscal en Colombia?

A tan solo dos debates para aprobar en el Congreso de la República, la reforma al control fiscal, algunos gremios e intereses oscuros, intentan atravesar el palo en la rueda para impedir que el Control Fiscal se fortalezca, para avanzar en la lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión pública en Colombia.

La reforma plantea un control concomitante y preventivo, no previo, orientado a recuperar aspectos de la función de advertencia, por otra parte el control concomitante apunta al fortalecimiento y acompañamiento del control ciudadano a los recursos públicos.
 

Con la exclusión de la función de advertencia del ordenamiento jurídico, aumentaron dramáticamente los casos de corrupción; el uso inapropiado o excesivo de la función no es óbice para justificar que el control fiscal no pueda prevenir o evitar pérdida de recursos de los colombianos, ante manejos ineficientes e ineficaces de los gestores públicos y privados.
 

Así mismo, la propuesta de autonomía presupuestal para la Contraloría, es consecuente con su diseño constitucional, pues su característica de órgano autónomo, independiente y técnico, implica entre otras, no depender del criterio de su controlado para la asignación presupuestal (aunado al aumento del presupuesto para responder a las necesidades del fortalecimiento de la entidad a los desafíos que afronta), como sí lo tienen contralorías del continente que nos superan con menor población en mayor presupuesto en la vigilancia de sus recursos.

La andanada de críticas infundadas de algunos gremios y sectores rayan en el desconocimiento de la iniciativa y el temor a ser vigilados en tiempo real, toda vez que fenómenos como el del túnel de la línea, ruta del sol, hidroituango, Reficar, recursos de la salud y educación, sin contar los miles de royectos suspendidos, elefantes blancos y billones de recursos perdidos,  hubiesen sido evitables con una advertencia y pronunciamiento oportuno.

Las Contralorías territoriales requieren urgente reingeniería y revisión de su funcionalidad, por lo que el proyecto prevé dicho escenario, a través del fortalecimiento financiero, y de un estudio técnico realizado con el fìn de dotar a estos organismos de herramientas para realizar un control efectivo.

Son más de 16 medidas propuestas[1], que incluyen entre otras, acciones penales y disciplinarias vinculantes en cabeza de los respectivos órganos, a quienes incurran en daño fiscal al erario público u oculten información y entorpezcan la vigilancia fiscal, unificación de criterios para el control fiscal, términos perentorios para el fallo en sede jurisdiccional en plazo no mayor a 1 año para el resarcimiento del recurso, entre otras medidas.

El país merece salir del ostracismo en el que se encuentra sumido; estamos a punto de convertirnos en un Estado fallido, si no tomamos las medidas necesarias para avanzar en el bienestar general como premisa y renunciar a las agendas contrarias al interés común de los ciudadanos.

Mitos propagados para esta reforma, como el clientelismo y burocratización, superpoderes al contralor, control previo, son superados por un sistema de carrera y concurso que garantice acceso en igualdad a cargos, mantener facultades jurisdiccionales del proceso en la rama judicial y reglar el mecanismo del control preventivo y concomitante. Dichos epítetos en contra de la iniciativa, confunden su espíritu y develan intenciones de negar una vez más a los colombianos el mandato de más 11.6 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas para pedir al Estado y gobierno que se combata la corrupción en el país de manera frontal y eficaz y que no se siga aplazando la erradicación de la corrupción y el mejoramiento de la inversión pública en Colombia.

Requerimos a los sectores empresariales al Congreso y a la ciudadanía, asumir con altura la oportunidad que se presenta para avanzar en consolidar una óptima vigilancia de los recursos y gestión de lo público, en reorientar el rumbo del Estado y en promover una institucionalidad con fundamento en la transparencia.

[1]Implementación del control concomitante y preventivo, de carácter excepcional   ante una inminente materialización del riesgo y del daño fiscal.  Autonomía presupuestal para la CGR, con asignación fija porcentual del presupuesto general de la nación, ratificando la tesis constitucional de la naturaleza, autónoma, independiente y técnica del órgano de control fiscal. Establecimiento de términos perentorios para el trámite de fallos con responsabilidad fiscal en sede jurisdiccional. Habilitación a funcionarios de la CGR para postularse al cargo de Contralor General de la República. Facultades a la CGR para ejercer la acción penal, cuando la Fiscalía no lo haga en referencia a los hallazgos de auditoria con incidencia penal. Facultades sancionatorias de multa hasta suspensión, a quienes no obtengan fenecimiento de la cuenta o concepto favorable durante 2 periodos consecutivos. Nivelación salarial a funcionarios de la Contraloría. Aumento presupuestal para la CGR, durante las 3 siguientes vigencias de manera progresiva. Valor probatorio ante la fiscalía y los jueces de todos los resultados del control fiscal. Estudio técnico y recursos presupuestales para el mejoramiento de la Contralorías Territoriales. Función de Intervención a Contralorías Territoriales, Prelación   concursal para fallos de responsabilidad fiscal, unificación de competencias en contralorías, estabilidad laboral y nivelación salarial para funcionarios de la CGR, indagaciones preliminares con valor probatorio ante lo penal, elección de Contralores Territoriales mediante convocatoria pública, con periodo inicial de  2 años, reglamentación para el fortalecimiento financiero de las Contralorías territoriales, con recursos provenientes de cuota de fiscalización y de los ingresos corrientes de libre destinación. aumento de periodo por 4 años al cargo de Auditor General y elección mediante convocatoria pública por el Consejo de Estado, eliminación de oponibilidad de reserva a la información.